En la gestión 2022, el Instituto Internacional de Integración de la Organización del Convenio Andrés Bello (IIICAB), en alianza con UNICEF, implementó un proyecto orientado a mejorar las condiciones de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes en Bolivia, mediante la socialización y aplicación de la Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello (CAB) para el reconocimiento de estudios de nivel primario y secundario.

El proyecto se estructuró en dos componentes principales:

1. Conformación de una Red Integral de Información para Migrantes Internacionales, integrada por instituciones que trabajan con población migrante (Cruz Roja, Fundación Munasim Kullakita, Fundación Scalabrini Bolivia, Defensoría del Pueblo, Fundación Compa, Servicio Jesuita a Migrantes, Cancillería, Ministerio de Educación, consulados de países CAB y ACNUR). Esta red permitió articular esfuerzos, distribuir material informativo y orientar a familias migrantes sobre los procedimientos de reconocimiento de estudios.
2. Capacitación y socialización diferenciada sobre el uso y aplicación de la Tabla de Equivalencias, con dos énfasis: 
   • Énfasis normativo y de aplicación, dirigido a técnicos del Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales y Distritales, responsables del reconocimiento de estudios.
   • Énfasis informativo, orientado a directores de Unidades Educativas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, departamentos con mayor concentración de población migrante.

En total, se capacitó a 1.368 funcionarios de educación en los nueve departamentos del país, combinando modalidades presenciales y virtuales. Solo en los talleres para directores de Unidades Educativas participaron 255 en La Paz, 137 en Cochabamba y 167 en Santa Cruz.

Como resultado directo de la aplicación de la Tabla de Equivalencias durante la gestión 2022, 18.771 niñas, niños y adolescentes migrantes (8.916 mujeres y 9.855 hombres) lograron el reconocimiento de sus estudios y accedieron al sistema educativo boliviano.

El proyecto fortaleció las capacidades institucionales y de organizaciones sociales vinculadas a la atención de población em situación de movilidad humana, consolidó una red interinstitucional de apoyo y contribuyó de manera concreta al derecho a la educación de la niñez y adolescencia en situación de tránsito. Asimismo, posicionó la integración educativa internacional como un campo estratégico de articulación entre políticas públicas, cooperación internacional y marcos jurídicos regionales.